España

El caso 'niñera' y otros asuntos desgajados de 'Neurona' recaen sobre tres jueces diferentes

27/04/2021
El juez de 'Neurona', Juan José Escalonilla, ha desgajado del caso tres hechos, los referidos a la supuesta niñera, el presunto cobro de costas procesales y las donaciones de la Fundación 25-M, que han recaído sobre otros tres jueces de Madrid, los cuales deberán decidir si asumen las causas e investigan, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Escalonilla ordenó en marzo "incoar procedimientos independientes" sobre los nuevos hechos señalados por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona al estimar que "podrían ser constitutivos de delito". Aunque las partes recurrieron, el juez ha seguido adelante enviando los tres asuntos a la oficina de reparto, que los ha distribuido por turno en los juzgados de instrucción 1, 45 y 46 de Madrid.

En el Juzgado de Instrucción Número 46, en manos de José María Escribano, ha recaído el llamado caso 'niñera'. Según el relato de Carmona, la ministra de Igualdad, Irene Montero, habría usado a Teresa Arévalo, entonces empleada de Podemos y estrecha colaboradora de la dirigente 'morada' que ahora ejerce de asesora en el Ministerio, como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.

En un escrito enviado a Escalonilla, la ex jefa de 'compliance' del partido detalló que Arévalo acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que Montero dejó a la niña al cuidado de su colaboradora mientras intervenía en el mismo.

Por su parte, la juez del 45, Luisa María Prieto, tiene sobre su mesa el presunto cobro de las costas procesales por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un caso en el que los honorarios de la abogada, Marta Flor, y de la procuradora, Isabel Afonso, habrían corrido a cargo del partido. Se trataría de los 7.730 euros de la condena en costas dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre derecho al honor.

El tercer procedimiento desmembrado de 'Neurona', que se ha adjudicado al Juzgado de Instrucción 1, dirigido por Pedro López Jiménez, se refiere a una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación 25-M, y a las donaciones realizadas por el partido a dicha fundación, de la que es director el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Ahora, cada uno de estos tres jueces tendrá que decidir si asume el caso, ordenando las diligencias que estime oportunas, o lo rechaza. En este supuesto, la causa volverá a Decanato, donde el letrado de la administración de justicia resolverá en un acuerdo gubernativo que es recurrible en revisión. Si es impugnado, Decanato hará una resolución definitiva contra la que ya no cabrá recurso.

Otra posible derivada es que surja un conflicto porque ni Escalonilla ni los jueces a los que les han tocado estas causas quieran asumirlas. Entonces, alguno podría plantear una cuestión jurisdiccional alegando que no es el competente para conocer ese asunto concreto, en cuyo caso correspondería a la Audiencia Provincial de Madrid zanjar la controversia.

'NEURONA' Y SUS RAMIFICACIONES

En estos momentos, las pesquisas judiciales se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, ya que Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.

Desde diciembre de 2019, cuando el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente presentó la denuncia de la que partió el caso 'Neurona', el juez ha archivado varias líneas de investigación, como las relativas a las obras de la nueva sede de Podemos, el supuesto acceso no consentido a un ordenador de Flor o los contratos electorales con ABD.

Escalonilla también acordó el sobreseimiento provisional de las donaciones de la Caja de Solidaridad de Podemos y de los sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, entre otros cargos, pero ha reabierto ambas pesquisas, en el primer caso por orden de la Audiencia de Madrid en respuesta a recursos de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, y en el segundo enmendando su decisión inicial a petición de Vox.
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