La mayoría del Consejo Fiscal, compuesta por los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF), se ha opuesto a la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de negarse en dos ocasiones a que el órgano del Ministerio Público envíe informe al Senado sobre la ley de amnistía, por lo que ha redactado su propio borrador contrario a la proposición que pretende perdonar una década del ‘procés’, en el que avisa de que la norma es inconstitucional porque vulnera la separación de poderes.
«No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril», señalan los seis vocales en un comunicado en el que se muestran en contra del argumento de García Ortiz de que el Consejo Fiscal no es competente para informar a la Cámara Alta.
Los firmantes afean al jefe del Ministerio Público que no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal «durante semanas». Según precisan los vocales, una vez que se enteraron pidieron que se diera curso a la petición, que se designara un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la ley de amnistía.
«No habiendo recibido respuesta» de García Ortiz, los de la Asociación de Fiscales redactaron un borrador de informe sobre la ley de amnistía. En el texto, recogido por Europa Press, los vocales sostienen que la norma es inconstitucional al entender que «supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho». Y piden que el debate de dicho informe se incluya en el orden del día del Pleno del próximo 25 de abril.
En el borrador que pretenden aprobar en dicho Pleno, los seis vocales del ala conservadora sostienen que la amnistía implica una «intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial».
Además, inciden en que la Constitución «no reconoce expresamente la figura de la amnistía», por lo que –a su juicio– «la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional».
Para los seis de la AF, el «diagnóstico de inconstitucionalidad» de una iniciativa legislativa como esta «se ve acentuada aún más si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de ‘justicia’, sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura gubernamental».
Asimismo, subrayan que en este caso no concurre «el factor de falta de legitimidad democrática de las leyes de la dictadura, que justificó la aprobación de la amnistía preconstitucional de 1977». Insisten en que la concesión de un perdón de este tipo «requiere un contexto político-social de transición de un régimen dictatorial o autocrático a otro democrático».
En las 160 páginas en las que los firmantes esbozan sus argumentos recalcan también que un perdón al ‘procés’ supondría una vulneración al derecho de igualdad ante la ley.
«Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley», añaden.
Sobre este extremo, además, sostienen que «no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado», dado que consideran que éste «puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto». Así, reiteran que la medida «implica un sacrificio desproporcionado de pilares fundamentales del Estado de Derecho, para obtener un supuesto beneficio de dudosa consecución como es la «convivencia» o la «pacificación».
En las 160 páginas en las que los firmantes esbozan sus argumentos recalcan también que un perdón al ‘procés’ supondría una vulneración al derecho de igualdad ante la ley.
De igual manera, los vocales defienden que la amnistía incumple a su vez con los principios de seguridad jurídica y supone una «desnaturalización de la ley como norma general». Y sostienen que es «contraria al Derecho de la Unión Europea» y a los «compromisos internacionales asumidos por España en la lucha contra la corrupción».
Los representantes de la Asociación de Fiscales subrayan que «la inclusión de los delitos de malversación y de terrorismo convierte a la proposición de ley en un instrumento legislativo contrario al Derecho de la UE».
Al hilo, recalca también que el marco normativo internacional –incluido el de la Unión Europea– «establece una serie de estándares mínimos que deben ser adaptados en la legislación penal de los Estados y que no atienden a distinciones sobre una concreta finalidad ideológica o política aparentemente justificativa de tales conductas».
