La mayoría absoluta del PP en el Senado ha decidido incluir la votación de la Ley de Amnistía en el Pleno del 14 de mayo, después de las elecciones catalanas de este domingo. De esta manera, los ‘populares’ aprobarán el veto –enmienda a la totalidad– a esta norma, por lo que tendrá que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten este veto y se apruebe definitivamente.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Senado ha optado finalmente por dilatar al máximo la tramitación de la ley de amnistía, que se vetará en el Pleno del martes 14 de mayo, una sesión que no estaba prevista inicialmente ya que el día siguiente, el 15 de mayo, es festivo en Madrid.
La ponencia de la comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado aprobará este lunes su dictamen en base al informe de los letrados, que denuncian la inconstitucionalidad de la norma y los derechos que «entran en conflicto con la arquitectura jurídica» de la Unión Europea.
A partir de ahí, este dictamen será refrendado este jueves 9 de mayo en una reunión de esta comisión creada ‘ad hoc’ para tramitar la ley de amnistía, de moodo que el veto del PP a esta norma será votado en el Pleno del 14 de mayo.
La proposición de ley de amnistía, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia tras ser aprobada por el Congreso.
Sin embargo, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.
De esta manera, el plazo máximo de tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado es de dos meses, como cualquier norma ordinaria, por lo que la Cámara Alta dispone hasta el 16 de mayo para votar esta norma en el Pleno.
Informes contrarios
Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría ‘popular’, ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.
Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como «reforma encubierta de la Constitución».
Eso sí, el PP también solicitó un informe para ver las consecuencias de no tramitar esta ley en el Senado, como insistía Vox, aunque los letrados de la Cámara sostienen que se tenía que tramitar, aunque abrían la puerta a un conflicto de competencias con el Congreso.
En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por la socialista Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.
Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió al Senado que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. De esta manera, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía se apruebe definitivamente.
