La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en Almería la considerada como mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para narcolanchas del Meditérraneo en una operación conjunta que se ha saldado con 50 detenidos del conocido como ‘clan de los lateros’ y la intervención de 25 embarcaciones, seis motos de agua, diez remolques de embarcaciones, siete motores de alta cilindrada, un camión cisterna y más de 40.000 litros de combustible.
Según detallan en un comunicado conjunto, la organización había llegado a construido ilegalmente embarcaderos en el puerto de Adra para realizar el abastecimiento a las narcolanchas y era liderada por un preso desde la cárcel de El Acebuche empleando un teléfono móvil que ocultaba en la celda y con el que se comunicaba mediante aplicaciones encriptadas.
Durante la denominada operación ‘Ovidio’ se han incautado también más de 700.000 euros en efectivo, parte de ellos ocultos en dobles fondos bajo el suelo y tras las paredes de los inmuebles de los líderes de la red, así como de 33 vehículos, algunos de alta gama con un valor de mercado superior a los 200.000 euros, y cinco armas de fuego tipo escopeta. Además se ha procedido al embargo de 42 activos inmobiliarios y 85 vehículos y al bloqueo y embargo de 52 cuentas bancarias con un valor superior a los cinco millones de euros.
La operación se inició a principios de 2023 cuando los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en la barriada de Puente del Río de Adra (Almería), conocida como el ‘clan de los Lateros’, dedicada a la obtención, depósito y abastecimiento de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el narcotráfico y la inmigración irregular mediante embarcaciones recreativas con amarres en los puertos deportivos de Adra y Almerimar, principalmente. Fruto de esta información, los agentes intervinieron gran número de embarcaciones e impusieron sanciones administrativas por contrabando por obtención irregular del combustible.
Embarcaderos ilegales
Según la investigación, el trasbordo del combustible en alta mar a las ‘narcolanchas’ se realizaba en dos fases. En la primera se adquiría el combustible en diferentes gasolineras, generalmente mediante el repostaje de depósitos de gran capacidad (1.000 litros), que eran transportados en camiones o furgonetas no habilitados para ello, generando con ello una situación de riesgo por el tipo de mercancía inflamable que transportaban sin medidas de seguridad.
Posteriormente, el combustible era transportado hasta una parcela ubicada en la barriada de Puente del Río, donde la red había adquirido la mayor parte de los inmuebles y había instalado gran cantidad de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Ello, unido a que se trataba de una zona aislada, garantizaba que este lugar, permanentemente vigilado por sus integrantes, constituyera una zona segura para desarrollar sus actividades ilícitas. En esta «plataforma logística» la organización llegó a disponer de más de diez vehículos, entre camiones y furgonetas, que se dedicaban al transporte de combustible, destacando una de sus últimas adquisiciones, un camión cisterna.
En la segunda fase, el combustible trasvasado a garrafas se transportaba hasta fincas situadas en primera línea de costa de Adra, donde la organización había construido ilegalmente embarcaderos y contaba con un número elevado de embarcaciones que eran empleadas para el transporte de las garrafas desde ese punto hasta las narcolanchas en alta mar. La investigación permitió vincular estas embarcaciones con desembarcos recientes de alijos de hachís y de gran cantidad de migrantes en las costas de Almería.
Vehículos de alta gama
Según los investigadores, estas embarcaciones recreativas podían llegar a transportar cantidades de entre 200 y 300 garrafas en cada viaje y casi a diario, llegando en un mismo día a salir hasta cuatro o cinco embarcaciones transportando combustible. La organización se caracterizaba por el uso de violencia, con numerosos incidentes con terceras organizaciones hasta que se hacían con el control absoluto de la zona de costa desde la que operaban, así como contra gasolineras a las que amedrentaban, depositarios que no querían retirar las embarcaciones que se incautaban y la población civil que pretendía denunciar sus actividades ilegales. Los beneficios económicos que reportaban estas actividades ilícitas era empleados para la adquisición y reforma de inmuebles, vehículos de alta gama y caballos pura sangre.
Para completar la operación se estableció un amplio dispositivo policial en el que se realizaron 35 entradas y registros en las localidades de Adra y Berja. Además se practicó el registro de una celda del centro penitenciario de Acebuche correspondiente a uno de los principales miembros de la organización, que dirigía las operativas desde prisión empleando para ello un teléfono móvil que ocultaba en la celda y con el que se comunicaba mediante aplicaciones encriptadas.
En total se ha detenido a 50 personas por los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contrabando, contra la seguridad colectiva, tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículos y blanqueo de capitales. La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, cuyas investigaciones han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Berja y la Fiscalía Antidroga de Almería.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria alertan de que las operativas de abastecimiento de combustible a ‘narcolanchas’ generan situaciones de peligro para la población que han dado lugar a diversos incidentes, como el hundimiento e incendio de embarcaciones con los vertidos asociados o incluso el fallecimiento de la tripulación de alguna embarcación, provocando una grave alarma social. También subrayan que el propio transporte en vehículo a través de poblaciones urbanas o el depósito en lugares ocultos sin las condiciones adecuadas es, en sí mismo, un riesgo de extrema gravedad.