El Ayuntamiento de Benalmádena, a través del área de Bienestar Social que ostenta Áurea Peralta, se sumó ayer viernes, 3 de mayo, a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Peralta enfatizó durante su intervención la importancia de esta Convención Internacional y la necesidad de una concienciación y acción local enfocada en los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad e invitó a enfocar las políticas locales desde los principios y directrices de este acuerdo internacional”.
Objetivo
El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto la consolidación del enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, que son consideradas como sujetos titulares de derechos, por lo que las administraciones públicas “estamos obligadas a garantizar que el ejercicio de estos sean plenos y efectivos”, dijo la edil.
La iniciativa persigue la No Discriminación, la Participación Activa, la Accesibilidad Universal, la Capacitación y Educación, trabajar en un cambio de las percepciones en la sociedad, la igualdad y promover “una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que actualice el marco normativo vigente, que tiene ya más de 20 años y que presenta claros desfases e insuficiencias”.
“Este 3 de mayo renovamos nuestra llamada a todos los sectores de la sociedad para que se unan en este compromiso común. Trabajando juntos, podemos construir una comunidad más inclusiva y resiliente que reconozca y celebre la diversidad humana en todas sus formas, asegurando que nadie quede atrás”, reza el manifiesto que rubricó ayer el Ayuntamiento de Benalmádena.
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006, siendo el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.
