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La ONU exige que se garantice "el derecho a un juicio justo" de Assange si se aborda su extradición

12/04/2019
La portavoz de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Ravina Shamdasani, ha instado este viernes a "todas las autoridades implicadas" a defender los derechos del periodista y activista australiano Julian Assange, detenido ayer en la embajada de Ecuador en Londres tras serle retirado el asilo diplomático por parte del país sudamericano.

"Esperamos que las autoridades implicadas se aseguren de que el caso de Assange es tratado con el proceso debido y de acuerdo a su derecho a un juicio justo, también a la hora de cualquier procedimiento de extradición", ha declarado Shamdasani en rueda de prensa en Ginebra.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se ha pronunciado por ahora sobre la detención de Assange aunque sigue de cerca la situación del fundador de Wikileaks, ha señalado su portavoz.

Assange ha pasado siete años asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió para evitar una petición de extradición a Suecia, que le acusaba de dos presuntas violaciones. Ahora es Estados Unidos el que solicita la extradición: lo acusa de conspirar para infiltrarse en ordenadores gubernamentales en colaboración con la militar Chelsea Manning.

Cuestionar a los periodistas
En este sentido, el exjuez y jefe del equipo de abogados de Assange, Baltasar Garzón, ha asegurado este viernes que el fundador de WikiLeaks no tendría un juicio justo en Estados Unidos, que "persigue políticamente" a quien mostró al mundo "las violaciones sistemáticas de derechos humanos" de este país.

En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán, cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak y 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que sacó a la luz graves abusos de las autoridades de Washington y suspuso un revés a su imagen exterior.

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Assange, detenido en Reino Unido tras una petición de extradición desde Estados Unidos
"Es una contradicción que se trate de perseguir a Assange, que puso a disposición del mundo entero las violaciones sistemáticas de derechos humanos de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán, y que no se investiguen las propias atrocidades", ha subrayado Garzón en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en Barcelona de Actúa, la plataforma política de Gaspar Llamazares.

"La verdadera preocupación es la reclamación de la justicia estadounidense contra WikiLeaks y sus periodistas", ha apuntado el exmagistrado, quien considera "arbitraria y arriesgada" la decisión del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, que alegó que, al retirarle la inmunidad a Assange, "se había garantizado la extradición a un país donde no se aplica la tortura o la pena de muerte". "Con Estados Unidos se quiebra" la proposición del presidente ecuatoriano, según Garzón, porque "existe la pena de muerte en este país y hay precedentes de ello".

Reacciones internacionales
En una línea similar, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha alertado de que la decisión de extraditar a Assange para juzgarle por desvelar esos secretos podría afectar la actividad periodística en general. "Al perseguir a Assange, el Gobierno de Estados Unidos podría generar una amplia gama de disputas legales sobre la obtención de información por los periodistas o su comunicación con fuentes", ha expresado su portavoz, Robert Mahoney, en su cuenta de Twitter.

"Esto podría tener graves consecuencias para el periodismo de investigación y la publicación de información de interés público", ha añadido Mahoney.

En Londres se suceden las concentraciones de activistas que protestan ante la embajada ecuatoriana y ante la Corte de Magistrados de Westminster donde fue trasladado Assange tras su detención.

El periodista australiano podría ser juzgado en Reino Unido y recibir una pena de hasta doce meses de cárcel por violar los términos de la libertad condicional, mientras que Estados Unidos ha desvelado que le acusa de conspirar para acceder ilegalmente a un ordenador federal, por lo que podría ser condenado a cinco años de prisión.
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