Málaga

Gerente de Promálaga defiende que la empresa "cumple los más estrictos" controles financieros y niega anomalías

28/10/2019
El gerente de Promálaga, Francisco Salas, ha insistido este lunes en que la empresa municipal, cuyo exdirector económico-administrativo Francisco Muñoz está siendo investigado por, presuntamente, recibir 'mordidas' de empresas proveedoras, "cumple los más estrictos controles financieros certificados", a diferencia de otros entes públicos, desde el ejercicio 2006-2007 por la Cámara de Cuentas, que se añade a la fiscalización de la Intervención municipal y la de las auditorias.

"En nuestro caso ha habido una fiscalización más allá de las que son las normales", ha rematado Salas en rueda de prensa: "La empresa no tiene ninguna causa abierta, no tiene ninguna imputación, investigación ni hay nada que indique que ninguno de sus procedimientos tenga anomalía", ha afirmado, asegurando que "los procedimientos han sido correctos y no se ha encontrado ninguna irregularidad en procedimientos ni de contratación ni de otro tipo dentro de Promálaga, al menos hasta la fecha".

Salas ha vuelto a insistir en que el que fuera director económico financiero no ha sido "en ningún momento" personal de alta dirección de la empresa y ha recordado que fue "contratado siguiendo un proceso selectivo ejecutado por Esesa, según acuerdo del consejo de administración de la empresa".

De igual modo, ha precisado que la investigación policial efectuada se inició a instancias de Promálaga "al trasladar el gerente --él-- y el vicepresidente --Mario Cortés-- las informaciones que conocieron a la Policía Nacional".

Ha señalado, asimismo, que Promálaga se personó en la causa penal como acusación particular en el momento en que tuvo conocimiento de la existencia de la misma; además de que la empresa procedió al despido disciplinario del trabajador en cuanto tuvo constancia de la existencia de causas objetivas que lo motivaban.

Cuestionado, en concreto, si desde que conoció los hechos no fue hasta el 16 de septiembre de 2019 cuando informó al alcalde y presidente de la empresa, Francisco de la Torre; Salas ha reconocido que es así pero ha insistido en que "personalmente no comuniqué nada al presidente hasta esta fecha porque el vicepresidente de la empresa también era partícipe de la declaración".

"Entiendo que el vicepresidente, y creo que es así, sí que lo comentó con el presidente, pero comentaría la existencia de los rumores", ha aclarado, añadiendo que "estamos hablando de la existencia de una posible investigación y de una información dada por un empresario".

Ha relatado que el órgano de adjudicación de Promálaga es el director gerente --Salas-- hasta un límite económico --hasta unos 300.000 euros-- y por encima de eso es el consejo de administración del órgano de contratación. Sobre las funciones, ha dicho que la adjudicación de la contratación correspondía al director gerente, "otra cuestión es la participación que tuviese en la tramitación de dichos expedientes".

Asimismo, cuestionado por si tuvo sospechas de lo que se investigaba, ha dicho que no: "La sospecha hasta que no es cierto, probado o algo sobre lo que se pueda actuar es lo mismo que nada", ha afirmado, incidiendo en la presunción de inocencia. Actualmente, ha aclarado, tras un proceso de promoción interna ya está cubierto el puesto, en concreto, la que era número dos del área.

HECHOS
Durante la rueda de prensa Salas ha hecho un relato por los hechos, precisando, en primer lugar, que no puede entrar en la causa penal porque "es una causa que tiene todas las reservas en cuanto a dar información sobre ella". Eso sí, a nivel personal ha afirmado que "se quedan para mí esos dos años y medio" ya que "no podía verse ninguna alteración en ningún sentido".

Así, se ha remontado a 2002-2003 y ha relatado el proceso selectivo. Posteriormente, ya a principios de 2017, ha continuado, un empresario/proveedor de Promálaga comentó, tanto con él como con el vicepresidente de Promálaga "por separado", la solicitud de un importe económico por parte del, por aquel entonces, director económico "llevado a cabo a través de una factura de su cónyuge". Además, según ha asegurado, "nos indicó que se había negado a pagarla y había solicitado su cancelación".

Tras un contacto inicial con la Policía Nacional por parte del vicepresidente, el 27 de marzo de 2017 se estableció una primera comunicación de Salas con la Policía Nacional compartiendo la información facilitada por el proveedor.

El 9 de mayo de 2017, y después de las primeras pesquisas llevadas a cabo por la Policía, tanto Salas como el vicepresidente prestaron declaración formal por los hechos. En concreto, ha asegurado, en la declaración la Policía les informó "de forma clara y contundente" de que se procedería a hacer una investigación sobre los hechos declarados y las personas mencionadas, instándoles a "que no realizásemos ningún cambio ni alteración en las funciones ni relaciones" con las personas, que "pudieran afectar negativamente al curso de la investigación".

Fue el 1 de febrero de 2018 cuando a Salas se le requirió que compareciera ante la Policía. Además, se le informó de que estaba decretado el secreto de las actuaciones por lo que "se me indicó que debía guardar la máxima reserva sobre lo declarado, la documentación requerida y se me volvía a informar de que debía seguir sin alterar la actividad normal de la empresa".

Ya en noviembre de 2018 la Policía le informó verbalmente de que estaban a punto de concluir el trabajo de investigación y sería remitido a las instancias oportunas, "no facilitándome ninguna otra información del resultado".

2019
"Desde entonces la empresa no tuvo conocimiento formal de nuevos acontecimientos procedentes de la investigación hasta el 10 de julio de 2019", con la recepción de un fax citando a declarar al representante legal de Promálaga por un procedimiento penal en curso contra el director económico financiero y su cónyuge, por presunto delito de cohecho.

Ante ello, la empresa se personó como acusación particular. El 20 de julio se acepta la personación y el 29 de julio el juzgado facilita al abogado de Promálaga copia de las actuaciones y comienza su estudio. El 1 de agosto le comunicó a la empresa que los hechos a los que se refieren las actuaciones penales pueden derivar en responsabilidades de tipo laboral. Durante agosto se efectuó el análisis y se realizó una separación entre las eventuales responsabilidades penales y aquellas acciones que pudieran derivar en responsabilidad disciplinaria a nivel laboral.

LABORAL
Así, dados los hechos, y especialmente el cargo del trabajador, se concluyó que se debía proceder a realizar un despido disciplinario inmediato.

Fue el 16 de septiembre cuando Salas informó al presidente de Promálaga, el alcalde, Francisco de la Torre, de la existencia de una causa penal y la decisión de llevar a término "teniendo en cuenta la gravedad de conducta del trabajador". Tras ello, se convocó un consejo de administración el 30 de septiembre, donde se informa del despido disciplinario y las causas que lo motivaron, además del procedimiento penal.

En concreto, el 26 de septiembre la empresa comunicó al trabajador el despido por "quebranto de la buena fe contractual y abusos de confianza". Así, ha aludido a un hecho obvio como es "estar imputado en una causa penal por un posible delito de cohecho y no comunicarlo a la empresa en ningún momento"; también ha hablado de "extralimitación de funciones", ya que "es el responsable del área económico administrativo y no de otras" como asesoramiento de empresas.

"Igualmente, aunque todavía no sea un hecho probado sobre si se realizó o no la solicitud sí que hay declaraciones en las que esta persona reconoce que se ausenta del puesto de trabajo en un momento determinado" en relación con el envío de facturas. Al respecto, Salas ha dicho que estos hechos no están sujetos a la causa penal, ya que son dos cuestiones independientes.
www.elnoticierodigital.com
publicidad
publicidad
Más leídas
publicidad
Secciones
publicidad
Desarollo WEB • BM web factory