Málaga

Unidas Podemos defiende como objetivos prioritarios acabar con la temporalidad y la precariedad laboral

28/10/2019
La diputada nacional por Málaga y candidata número dos de Unidas Podemos por la provincia, Eva García Sempere, ha subrayado que para la coalición "acabar con la temporalidad y la precariedad laboral son dos de los objetivos prioritarios".

"Los datos de la EPA son inapelables, Andalucía está a la cabeza en precariedad y en temporalidad, el 97 por ciento de los contratos firmados en la provincia de Málaga son parciales, muchos de ellos con una duración menor a un mes", ha señalado este lunes en rueda de prensa en Marbella (Málaga).

Así, ha indicado que estos datos para las familias trabajadoras andaluzas "se traduce en no saber qué va a pasar el mes que viene si van a tener o no un contrato, ya que estamos en nueve puntos por encima del Estado en temporalidad".

Asimismo, ha querido destacar otros datos, como que "cuatro de cada diez andaluces vive en riesgo de exclusión social, siete de cada diez no llegan a final de mes y un millón no podría salir de una nueva crisis porque aún no se ha recuperado de la anterior".

Y frente a eso se ha referido al "número de superricos, es decir, aquellos que tienen más de 50 millones de euros que ha aumentado en un 74 por ciento". "Esta realidad es demoledora, la riqueza no ha salido nadando de este país, lo que ha hecho ha sido cambiar de bolsillos", ha manifestado.

"Esto tiene nombre y apellidos, se llama sabotaje social, producto de una política practicada durante 40 años que ha beneficiado a unos pocos y he dejado frente a la exclusión social a una mayoría de este país", ha criticado Sempere, quien ha dicho que se está "a las puerta de otra crisis para la que no hay colchón".

Por eso, ha señalado que desde Unidas Podemos quieren impulsar una serie de medidas "que corrijan esta tendencia injusta, empezando por la derogación de la Reforma Laboral, para continuar con el blindaje de los servicios públicos, hacer aflorar las horas extra, de las que se han detectado 200.000 en el último año, conseguir acabar con la temporalidad o crear planes de empleo reales que superen la paupérrima inserción del dos por ciento que arrojan las oficinas de empleo públicas".

Ha abogado por hacer esto "creando empleo desde lo público, impulsando una nueva reforma fiscal, aumentando el SMI a 1.200 euros, limitando los contratos temporales y potenciando los indefinidos o recuperando el rescate bancario".

Ha expresado que "el mapa de renta por ámbitos geográficos elaborado por el INE deja al descubierto una distorsión muy reveladora en Marbella, al reflejar que en las zonas del término municipal donde se emplazan las viviendas más caras y las urbanizaciones de lujo, la renta anual declarada por hogar oscila entre 24.000 y 28.000 euros anuales".

Así, la candidata al Congreso por Unidas Podemos Victoria Morales ha incidido en que "algo chirría en nuestra ciudad cuando la renta declarada por los vecinos junto a la estación de autobuses es un 32 por ciento superior que la de los residentes en la milla de oro".

Morales ha señalado que en Guadalmina Baja "la renta declarada es de 24.824 euros, en Sierra Blanca, 26.211, en la zona norte de Nueva Andalucía, 24.261, y en Los Monteros-Río Real, 28.305". "Mientras, en barrios residenciales de trabajadores como Trapiche Norte, por encima de la Estación de Autobuses, se registra una renta media 12.760 superior que en la Milla de Oro, situada en 39.968 euros", ha insistido.

"Esta información deja claro, al margen de que algunos no se encuentren censados en Marbella, de que los propietarios de las villas más caras no declaran sus ingresos", ha denunciado la candidata de Unidas Podemos, por lo que ha reclamado "medidas para combatir el fraude fiscal y fortalecer las políticas sociales, que se firme un pacto de Estado contra el Fraude Fiscal ya que España encabeza la lista del fraude en Europa, muy distanciados de Alemania, Francia o Gran Bretaña, países a los que casi triplicamos".

Al respecto, ha señalado que, según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), "el fraude y la evasión fiscal le cuestan a cada contribuyente español 2.000 euros anuales, que deben pagar en forma de impuestos para tapar el agujero que provocan los defraudadores a las arcas del Estado, cifrado en 300.000 millones de euros".
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