Ana Mula reclama al Gobierno central un plan de acción para la estabilización de las playas de Fuengirola

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, reclamó ayer al Gobierno central un plan de acción para la estabilización de las playas de la localidad. Lo hizo, junto a la delegada del Ejecutivo de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, tras hacer un repaso de las actuaciones que tanto la administración local como la autonómica han realizado en materia de mantenimiento del litoral de la ciudad a lo largo del último año.

Asimismo, ambas dirigentes pusieron el acento en que, mientras la Demarcación de Costas proyecta acciones similares en los municipios vecinos, en Fuengirola la inversión del Estado en materia de playas es "mínima".

"En 2022, el Ayuntamiento destinó casi 400.000 euros a paliar los efectos del temporal que asoló nuestra costa a pocos días de la Semana Santa. La Junta ha dedicado unos 605.000 euros de la Junta para dragar la bocana del Puerto Deportivo y reponer arena en varias playas. Por su parte, el Gobierno sólo dedicó unos 75.000 euros a una mínima actuación de regeneración de nuestros arenales. Necesitamos que el Gobierno de España se comprometa con nuestra ciudad, con los empresarios de playa y con los miles de empleos que éstos generan, y ponga en marcha un Plan de Acción ambicioso de estabilización y protección de nuestro litoral", manifestó la regidora.

En este sentido, y tras los destrozos ocasionados por el fuerte viento de levante acaecido en febrero, Mula anunció que el Consistorio está ultimando la licitación de una actuación de emergencia por un importe superior a los 100.000 euros para restablecer el orden en las zonas del litoral fuengiroleño más afectado. Concretamente, en las playas de la zona centro y Santa Amalia.


Plan de Estabilización

"Una actuación que, junto a los aportes que ha anunciado el Gobierno, justamente ayer, servirán para tener nuestras playas a punto para la temporada alta, pero que no es la solución definitiva. Es insuficiente. Por eso, insisto en la necesidad de que la Demarcación de Costas elabore un Plan de Estabilización de nuestro litoral para acabar con este problema recurrente y que afecta de manera directa a nuestra principal industria: el turismo. Es decir, lo mismo que está haciendo en los municipios vecinos de Benalmádena y Mijas", subrayó la regidora.

Por su parte, Patricia Navarro apoyó la reivindicación de la máxima autoridad fuengiroleña y destacó la citada intervención de emergencia en la bocana del puerto, "que ha mejorado la seguridad en la entrada y salida de las embarcaciones" amarradas a esta infraestructura, y a la vez, ha contribuido a reponer arena en el litoral fuengiroleño.


Navarro destaca la inversión de la Junta en los puertos

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, destacó ayer durante su visita a Fuengirola, "la importante inversión" que la Junta de Andalucía está realizando en los puertos de titularidad pública de la provincia, y que ha superado los 12,6 millones de euros.

Navarro, resaltó el esfuerzo económico y el compromiso del Gobierno andaluz por modernizar y mejorar los puertos de la provincia, tanto los pesqueros como los recreativos, con unas inversiones que se refieren a las realizadas por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hasta final del año pasado.

"Se trata de importantes infraestructuras que generan empleo y riqueza y que contribuyen a la dinamización de la provincia", indicó Navarro, al tiempo que lamentó "la ausencia de inversiones de los anteriores gobiernos andaluces".
La delegada señaló que esta legislatura continúan acometiéndose actuaciones con nuevos proyectos en todos los puertos, como el reciente dragado de la bocana del puerto de Fuengirola o la modernización del de Caleta de Vélez, con 6 millones de euros.

En este punto, destacó también "el impulso que el Gobierno andaluz ha dado a una Ley de Puertos, que dota de seguridad jurídica a los concesionarios de recintos, entre ellos los dos de Fuengirola (Puerto Deportivo de Fuengirola SAM y Club Náutico de Fuengirola).

Con la nueva Ley se prevé un impacto económico de 600 millones de euros y la creación de casi 11.000 nuevos empleos (con obras, servicios y los propios puertos). Actualmente en las concesiones de puertos de Andalucía hay 2.000 atraques y 500 empleos directos