El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio sobre los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender la vista de este viernes por la proposición de ley de la amnistía y ha decidido celebrar el juicio que se sigue contra ellos y otros excargos del Govern --incluido el expresidente Carles Puigdemont-- por la responsabilidad contable del presunto desvío de gastos relativos al 1-O y la acción exterior del ‘procés’.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento ha llegado a esta conclusión tras haber escuchado al resto de defensas y a las acusaciones --ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC)-- en la vista que tuvo lugar auyer en la sede de Madrid. Apuntó, sin embargo, que luego se pronunciará por escrito si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía.

Fue el martes cuando los encausados de ERC pidieron la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la ley de amnistía toda vez que el PSOE presentó el lunes en el Congreso la proposición de ley. Los republicanos alegaron que era "altamente probable" que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de ayer viernes podía "acarrear cargas procesales innecesarias". Los de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El TCu desestimó esta petición.

La Fiscalía y Sociedad Civil Catalana mostraron ayer su oposición a que se suspenda la vista. El representante del Ministerio Público aseguró que, aunque la petición se basa en la economía procesal y "no puede hacer otra cosa que agradecer" la solicitud porque son principios que comparte, tiene que oponer porque la suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".

La Fiscalía recordó que la proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse los efectos de la misma.