El presidente del TS avisa de que la democracia muere al debilitar la Justicia y pide renunciar a intereses partidario

El presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, recordó ayer que las democracias también mueren al debilitar las instituciones, por lo que pidió a los actores políticos "un verdadero compromiso" para garantizar "el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial", algo que consideró que pasa por situar a la Justicia por encima de "los intereses partidarios".

En su discurso de apertura del año judicial, Marín Castán citó la obra "Cómo mueren las democracias", de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, para señalar que "en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la Prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales".

Por eso, el presidente interno del TS defendió que "el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado", y añadió al respecto que "cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios".

En este contexto, reclamó a los políticos una doble acción: positiva, para "situar como objetivo de la acción de política el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios"; y otra "negativa" para "abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo".

LLAMAMIENTO

"El Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta", enfatizó Marín Castán en el que fue su primer discurso de apertura del año judicial.

En su intervención se dirigió directamente a las fuerzas políticas para instarlas a llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y emuló al que fuera su predecesor, el expresidente del TS y del órgano de gobierno de los jueces Carlos Lesmes, quien en los últimos cuatro años reclamó la actuación de los partidos, elevando el tono hasta que, finalmente, dimitió.

"Me veo en la necesidad, una vez más, y como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial", insistió, al tiempo que recordó las "reiteradas llamadas de atención de las instituciones europeas".

En el marco de su discurso, Marín Castán también aprovechó para hacer mención a "los ataques a la independencia judicial" que, según destacó, "pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes", exponiendo que "en ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos", pero que también "pueden surgir de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático".

"Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia", alertó.

Así las cosas, y "dada la gravedad de la situación", el presidente del TS aportó una serie de recomendaciones para mejorar la situación, y ello pese a que reconoció que "no es al presidente del Tribunal Supremo a quien le corresponde formular propuestas de estrategia política".

Según dijo, la renovación del CGPJ debería producirse "siempre con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución"; las políticas relacionadas con el Poder Judicial deberían formularse" buscando consensos amplios con salvaguarda del principio de independencia y debiendo evitarse, tanto por los actores político-institucionales propios miembros del Poder Judicial, acciones o iniciativas que comprometan o puedan comprometer su independencia".