España

Anticorrupción archiva la investigación por el pago de comisiones en el AVE a La Meca al no ver delito

13/05/2022
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias preprocesales abiertas en 2018 relativas a las comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a La Meca al no haberse podido acreditar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.

Según ha informado el Ministerio Público, el jefe de Anticorrupción ha aprobado la propuesta formulada por el fiscal del caso, Luis Pastor, de archivar esta investigación preliminar, ya que no se encontraba judicializada, sino en una fase anterior --de diligencias fiscales--.

Pastor concluye que los elementos que tiene la Fiscalía tras la investigación "son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios".

Explica que, atendiendo a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los indicios con los que cuenta no avalarían una querella que permitiera superar la fase preprocesal que representan las diligencias del Ministerio Público.

Pastor relata que dicha investigación "ha estado dirigida a tratar de dilucidar si por parte de las compañías españolas, integrantes del consorcio adjudicatario de las obras del AVE a La Meca, se ha realizado algún pago o compensación a funcionarios o autoridades del Reino de Arabia Saudita que hubiera facilitado la adjudicación de las obras".

Cabe recordar que en estas diligencias fiscales se investigaban los contratos, pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad al ostentar entonces la Jefatura del Estado.

Los hechos se remontan a 2006, cuando la Organización de Ferrocarriles Saudó (SRO, por sus siglas en inglés) abrió la licitación para construir una línea de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina. Las empresas españolas interesadas en participar formaron un consorcio con otras dos saudíes que acabó adjudicándose las obras de la fase II del macroproyecto en 2012.

Del lado español estaban ADIF, RENFE, OHL, Indra, Talgo, Imathia, Dimetronic, Cobra Instalaciones y Servicios Internacionales; Consultrans y Servicios-Copasa; Instalaciones Inabensa; e Ingeniería y Economía del Transporte. Mientras que por la parte saudí figuraban el Grupo Al Shoula, cuyo titular y beneficiario era un príncipe saudí, y Al Rosan Contracting.

Pastor señala que "se estableció un precio de 30.815.000.000 de reales saudíes (6.487.914.772 de euros al cambio de la fecha)", subrayando que "el precio ofertado por el consorcio hispano-saudí, por el que fue finalmente adjudicado el contrato, fue llamativamente inferior (un 29,6%) al ofertado por la otra propuesta competidora, la presentada por el consorcio franco-árabe Al Rajhi Alliance".
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