España

La ex abogada de Podemos declaró ante el juez que envió un mensaje a Iglesias para avisarle de las "irregularidades"

Asegura que también contactó con Belarra, actual secretaria de Estado de Agenda 2030, por sus "investigaciones"
11/11/2020
La ex abogada de Podemos Mónica Carmona declaró en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga las cuentas 'moradas', que envió un mensaje de Telegram al secretario general de la formación política, Pablo Iglesias, para avisarle de las supuestas "irregularidades" en las finanzas del partido que había descubierto en la "sigilosa" investigación interna llevada a cabo junto a su entonces colega José Manuel Calvente.

En su declaración del pasado 28 de octubre ante el juez Juan José Escalonilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, Carmona expuso los resultados de la investigación interna que realizó junto a Calvente a raíz de las denuncias recibidas desde las propias filas 'moradas' y que cristalizó en la denuncia que el también ex abogado de Podemos presentó en diciembre de 2019 contra el partido.

Carmona explicó que, llegados a un punto en el que Calvente había sido despedido --incluida una acusación de un delito de acoso sexual a la también letrada de Podemos Marta Flor, posteriormente desechada-- y en el que ella misma temía ser cesada, decidió enviar un correo electrónico con las supuestas "irregularidades" a la Gerencia, a cargo de Rocío Esther Val, que hizo "caso omiso".

En segundo lugar, acudió a la Secretaría Ejecutiva, en concreto a Ione Belarra, actual secretaria de Estado de Agenda 2030. "Llamé por teléfono para decirle, 'soy Mónica Carmona, te llamo en relación a un correo que te he remitido porque José Manuel está siendo acusado por un delito y lo han despedido, y a mí me quieren echar porque estoy haciendo una serie de investigaciones'. Lo que me dice es, 'en este momento no te puedo atender', y me colgó", describió.

"Ya la última opción que me quedó fue enviarle un Telegram al secretario general, Pablo Iglesias, informándole de todo esto y, cuando yo vi que en ese Telegram aparecían los dos simbolitos de que había sido leído y habían transcurridos dos horas y nadie del partido había contactado conmigo para pedirme una explicación, es cuando decido enviarlo a todos los consejeros del Consejo Ciudadano Estatal, porque eran los que tenían que aprobar mi cese y tenían que tener conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo", relató.

Carmona se quejó de que, de todas las personas a las que envió ese correo electrónico, solo una le pidió explicaciones y lo hizo de forma "extraoficial". En este sentido, apostilló que su sucesor como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Raúl Caballero, tampoco ha contactado con ella para hacer un "traspaso" de los expedientes abiertos.

ELIZO, "AL CORRIENTE"

La testigo indicó que el protocolo de Cumplimiento Normativo al recibir una denuncia de algún trabajador de Podemos por cualquier infracción de este tipo era abrir unas diligencias en las que, preservando la identidad del denunciante, se daba traslado a la parte afectada para que efectuara sus alegaciones, se solicitaba una serie de información y se elaboraba un informe con las conclusiones que se transmitía a Gerencia o a Recursos Humanos.

Conforme a su declaración, Carmona y Calvente --que ejercía de su 'número dos'-- no dieron cuenta de sus actuaciones al Comité de Cumplimiento Normativo porque en él estaban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, supuestamente implicados en los hechos denunciados, y porque "posiblemente existían otra serie de hechos que podrían salpicar a otros miembros de la ejecutiva". Su miedo, manifestó, era que "se destruyeran pruebas" o que se inventaran "cualquier excusa".

No obstante, aclaró que sus indagaciones eran sigilosas "hasta cierto punto" porque miembros de Podemos habrían tenido conocimiento de que estaban investigando. En concreto, precisó que hacia el mes de junio Calvente preguntó directamente en el chat de Telegram del Comité de Cumplimiento Normativo si la adjudicación de las obras de la nueva sede nacional, que debía licitarse, se había hecho "a dedo".

"Mire si tenían conocimiento, que José Manuel en octubre, en respuesta a un duro (ataque) que recibe de Alberto Rodríguez (diputado y secretario de organización de Podemos) ya le está diciendo que hay irregularidades en la licitación de las obras de la sede nacional, entre otras cuestiones", ilustró.

Asimismo, sostuvo que Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y quien llevaba la asesoría jurídica de Podemos, de la que dependían tanto ella como Calvente, "estaba al corriente" de que ambos estaban investigando "una serie de irregularidades" pero no les facilitó información.

"CONTRATO SIMULADO" CON NEURONA

Las "irregularidades" enunciadas por Carmona en su declaración recogen en gran medida la denuncia presentada por Calvente. De hecho, justificó que ella no figura como denunciante porque en ese momento estaba de baja laboral y no podía ni redactar ni presentar la denuncia.

Así, la ex abogada dijo que el contrato entre Podemos y Neurona por valor 363.000 euros para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 fue "simulado". Sospecharon porque la empresa se constituyó después de redactar el borrador del contrato; porque "el administrador era un tal Elías Castejón, que aparecía en los Papeles de Panamá"; y porque sus socios eran los mismos que en Neurona Consulting, "una sociedad investigada en Bolivia por presunta corrupción y a la que está vinculado (Juan Carlos) Monedero".

Otra de sus líneas de investigación se refería a los contratos electorales suscritos con ABD por 400.000 euros. En este caso, ni los denunciantes ni Calvente ni ella entendían por qué se había contratado a "una empresa portuguesa cuyo socio está en Brasil y cuyos servicios pueden prestar trabajadores del propio partido": "Existía también un baile de cifras, es decir, ¿realmente los servicios costaban 400.000 euros o es que alguien se estaba llevando una comisión?".

Carmona identificó como responsables de los contratos con Neurona y ABD a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, y a Rafa Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales y diputado, respectivamente. En cambio, quiso apostillar que "Izquierda Unida (IU) estaba inquieta y reticente a estos contratos" porque se habrían hecho "sin el conocimiento ni consentimiento del administrador de IU".

Además, denunció ante el juez que las obras de la sede nacional de Podemos se licitaron por 649.000 euros pero se pagaron por encima del millón de euros; y las subidas salariales que experimentaron la gerente y el tesorero, quienes asegura que recibieron complementos que no existían por unos 600 euros mensuales, y Flor, a quien se le reconoció un complemento de responsabilidad personal por unos 200 euros al mes que, de acuerdo con Carmona, sí existía pero no le correspondía.
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