España

La Abogacía del Estado ve "plenamente acreditado" que los exmiembros de la Mesa desobedecieron

24/07/2020
La abogada del Estado del juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament, Beatriz Vizcaíno, ha defendido este viernes que "ha quedado totalmente acreditado" que los acusados cometieron el delito continuado de desobediencia por el que pide una pena de 20 meses de inhabilitación.

Las partes exponen los informes finales durante la tercera jornada de juicio, que este viernes quedará visto para sentencia, en el que se acusa a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya de desoír al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar leyes y resoluciones relacionadas con el proceso soberanista.

Vizcaíno ha expuesto que los exmiembros de la Mesa "se negaron reiteradamente a cumplir los mandatos del TC", y ha añadido que, aunque no hubieran recibido un requerimiento personal del tribunal, al ser representantes públicos estaban obligados a cumplir la ley.

Aun así, ha explicado que "consta en autos perfectamente documentado" que las declaraciones de inconstitucionalidad se notificaron personalmente a cada uno de ellos.

También ha valorado que, aunque los acusados digan no reconocer al TC, como hizo Mireia Boya, usando su derecho a no declarar contra sí mismos, eso "no les excusa" de cumplir las resoluciones del tribunal.

"En lugar de acatar las resoluciones del TC, las desobedecieron de forma insistente", ha reiterado la abogada, mencionando la ley de referéndum y los Presupuestos de 2017, donde se incluyó una partida para procesos electorales supuestamente destinada al 1-O.

Tampoco avala el argumento de la defensa de Boya, que alegó que al presentar el proyecto de ley de transitoriedad jurídica actuaba como representante de su grupo parlamentario, porque "nadie está obligado a cumplir una orden que implique la comisión de un delito".

6 Y 7 DE SEPTIEMBRE
Sobre los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando el Parlament votó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, ha dicho que "se suprimen todos los trámites de aprobación" que prevé el reglamento de la Cámara y que, a diferencia de lo habitual, se llevaron al pleno el mismo día que se registraron en la Mesa.

Considera que usaron "este mecanismo para evitar que la Abogacía abriera un incidente de ejecución" o que otro grupo parlamentario presentara un recurso de amparo y pidiera una medida cautelar.
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