España

La Fiscalía critica la "burocratización ineficiente del sistema" y su incapacidad para gestionar el volumen de trabajo

09/09/2019
La Fiscalía General del Estado critica en su Memoria Anual correspondiente a 2018 el "nivel muy significativo de burocratización ineficiente del sistema" que reflejan los índices de asuntos pendientes de resolver, los plazos de resolución y las cifras de suspensión de juicios, que siguen creciendo año tras año y que "evidencian la incapacidad de la estructura organizativa" para gestionar el volumen real de trabajo.

La Memoria, presentada este lunes con motivo de la apertura del Año Judicial, refleja que la cantidad de asuntos pendientes al cierre del ejercicio ha aumentado ligeramente en el año 2018, ya que los 566.530 procedimientos que se encontraban en tramitación a 1 de enero se convirtieron en 568.437 a 31 de diciembre.

Mientras, los tiempos de respuesta entre la incoación y la remisión para la acusación (218 días en un procedimiento abreviado), o entre la acusación y el primer señalamiento para juicio oral (469 días en el mismo tipo de procedimiento) "no han mejorado sustancialmente con respecto a los años anteriores".

Además, las cifras sobre suspensión de juicios fueron del 32% en los Juzgados de lo Penal y del 28 % en las Audiencias Provinciales, con valores "que siguen subiendo año tras año, en torno al cinco por ciento en los últimos cuatro ejercicios".

"Estos indicadores evidencian una incapacidad de la estructura organizativa para gestionar un volumen de asuntos que, en términos absolutos, es menor como consecuencia de la reforma del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señala la*Fiscalía, en relación a la modificación de 2015 por la que en determinados delitos, no se da traslado juzgado si no hay autor conocido.

Apunta que "esta modificación normativa no ha supuesto una descarga real del trabajo asumido por los órganos judiciales de instrucción, ya que los asuntos que ahora no ingresan eran los que antes se resolvían en los servicios de guardia, de forma que no se ha reducido la carga de gestión del trabajo cotidiano en los Juzgados". "Otro tanto se puede decir de los órganos de enjuiciamiento, cuyas oficinas se ven incapaces de superar la congestión derivada del número de asuntos asumidos", añade.

Reivindica en este contexto "una profunda transformación del modelo procesal penal vigente en España" pues considera "ineludible" elaborar una nueva Ley Procesal Penal que equipare el sistema al que de forma generalizada existe en los países del entorno, es decir, uno que "atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, cree un Juez de garantías y otro de juicio de la acusación que dispongan sobre los derechos fundamentales de los investigados y revisen las pretensiones acusatorias".

En total, el año pasado se incoaron 1.570.255 diligencias previas, un 1,27 % menos que durante el periodo anterior, en un dato que la Fiscalía atribuye a una "estabilización", ya que en 2017 se habían reducido un 11,26% y un año antes, cayeron al 51% por la entrada en vigor de la mencionada reforma de la LECrim. Sin embargo, aumentaron un 6,8% las diligencias urgentes hasta 195.527 procedimientos iniciados.

MÁS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a las diligencias de investigación, se incoaron 14.906 diligencias el año pasado, un 3,24 % más frente al descenso del 1,84% registrado en 2017; y se formularon 268.020 escritos de acusación, un 2,17 por ciento más que en el periodo anterior, que en casi la mitad de los casos (48,79%) eran para juicios rápidos. De hecho, este tipo de procedimientos aglutinaron el 66,88 % de las diligencias urgentes incoadas y en ocho de cada diez casos, se resolvieron mediante conformidad en el mismo Juzgado de Guardia.

Respecto a los juicios, en 2018 los fiscales asistieron a 332.919 ante la jurisdicción penal y el 50,92% fueron por delitos leves. "Estas cifras permiten hacerse una idea sobre la cantidad de tiempo y energías invertidos en la persecución de infracciones penales leves que, además, finalizan con sentencias absolutorias en el 38% de los casos", dice la Fiscalía, que atribuye el resultado a razones como "las deficiencias en el material probatorio derivadas de la inexistencia de investigación previa".

Así, frente a los 163.376 juicios por delito celebrados, en el año 2018 se dictaron un total de 159.552 sentencias en Juzgados de lo Penal que en un 70% de los casos, daban la razón a la Fiscalía. Además, del total de sentencias condenatorias, un 62% fueron de estricta conformidad.

SE INCREMENTAN LOS DELITOS SEXUALES
Por otra parte, Fiscalía destaca que como ya ocurriera en los dos ejercicios anteriores, los delitos contra la vida y la integridad física representan el porcentaje más elevado de las diligencias previas incoadas (36%), frente al 20% que suponen los delitos contra el patrimonio, lo que explica por la mencionada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Destaca asimismo la incidencia de los delitos sexuales, que suponen el 1% del total de diligencias previas incoadas: Los procedimientos iniciados han aumentado hasta un total de 18.986 asuntos, un 23,2% más que en 2017.

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de calificación en el procedimiento de sumario, un total de 1.345, de los que 404 fueron por agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales
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