Andalucía

El Supremo confirma la condena a Chaves y Griñán por el ‘caso ERE’

27/07/2022
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Ambos fueron declarados culpables de un delito continuado de prevaricación, si bien el también ex consejero de Economía y Hacienda fue condenado además por malversación, recibiendo pena de cárcel.

Así lo avanzó ayer el alto tribunal, aunque el fallo emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se conocerá en los próximos días.
En 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días, mientras que Chaves fue sentenciado 9 años de inhabilitación especial.

Durante la vista celebrada los días 4 y 5 de mayo para estudiar los recursos de casación, la Fiscalía pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos ex presidentes.

Para el Ministerio Público, ha quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", propiciando un sistema "prevaricador" donde "cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto".

En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al TS que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no consta "ninguna irregularidad" del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo su abogado.

La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces –que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno– no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que –a su juicio– no sería aplicable el delito de prevaricación.

Ferraz defiende la honestidad de Chaves y Griñán

El PSOE mantiene su defensa de la "honestidad" de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la decisión del Tribunal Supremo y ha pedido "pudor" al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a quien recordó que su sede de la calle Génova "está pagada con financiación ilegal".

Así lo manifestó la portavoz nacional de los socialistas, Pilar Alegría, en una rueda de prensa en Ferraz. "Pagan justos por pecadores", denunció sobre los expresidentes andaluces sosteniendo que ni Chaves ni Griñán "en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada".

Alegría ha recordado que el procedimiento judicial se inició hace ya once años y ha trasladado el respeto del PSOE a la justicia, a la vez que ha lamentado unos hechos "que nunca tendrían que haberse producido".

Sin embargo, ha insistido en que "solo sus autores" son responsables de esas conductas y ha excluido de ello a los expresidentes de la Junta, cuya honestidad ha defendido insistiendo en que ninguno "se quedó ni un céntimo de euro".


Núñez Feijóo insta al PSOE a "depurar responsabilidades"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que no usará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE que condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como en su día hizo con el ‘caso Gürtel’ el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, señaló que ahora le toca al PSOE "tomar decisiones" y "depurar responsabilidades" tras la decisión del alto tribunal.

"No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia", proclamó Feijóo, después de que el TS haya confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía.
por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
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