Andalucía

Ahorro de 1,6 millones para la Junta con la extinción de la Fundación Mediara

12/03/2019
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a que inicie los trámites para la extinción de la Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía (Mediara) al objeto de evitar posibles "duplicidades", y estima que con ello puede revertir a la Administración autonómica aproximadamente 1.635.000 euros, si bien esta cantidad puede variar una vez que finalice la tramitación de la extinción y liquidación de la entidad.

Según ha defendido el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, esta medida va en sintonía con la prioridad de reducción de las estructuras orgánicas que se ha marcado el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) desde su toma de posesión.

Así, ha destacado que, en menos de dos meses, ya se han suprimido 85 consorcios que no tenían actividad alguna, pero que sí contaban con presupuesto, de forma que el 'Gobierno del cambio' sigue "dando pasos a favor de una administración más ágil y operativa". Además, ha querido dejar claro que se van a "seguir suprimiendo duplicidades" y "eliminando entes que no presten un servicio esencial", para "cumplir lo que anunciamos y nos comprometimos a hacer".

Para los gastos de funcionamiento y el ejercicio de las funciones asignadas en sus Estatutos, la Fundación Mediara ha dispuesto de los recursos financieros aportados por la Consejería mediante la concesión de una subvención anual nominativa --1,24 millones en total desde 2011 hasta 2018--, y de una plantilla de dos personas.

Según la Junta, esta situación ha limitado la capacidad de actuación de la propia Fundación, y la cantidad aproximada que puede revertir a la Administración autonómica se estima en 1.635.000 euros, si bien esta cantidad puede variar una vez que finalice la tramitación de la extinción y liquidación de la entidad.

El 3 de noviembre de 2009, el Consejo de Gobierno autorizó a la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública a constituir la Fundación, cuyos fines eran la promoción de la mediación y el arbitraje como formas de resolución de conflictos complementarias a la jurisdiccional y la realización de actividades que posibilitaran un marco institucional para la mediación y el arbitraje privados en la comunidad autónoma de Andalucía.

Por otro lado, el decreto de estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local otorga a ésta la competencia sobre los instrumentos y procedimientos de mediación y otras formas de resolución de conflictos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

CONCURRENCIA DE COMPETENCIAS
De este modo, se le asigna a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, artículo 11.3 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, la promoción e impulso de actuaciones tendentes a la implantación, desarrollo y divulgación de la mediación y de otros sistemas para la resolución de conflictos.

Ello da lugar a una concurrencia de competencias entre ambas instituciones, pues las dos coinciden en el mismo ámbito de actuación, lo que puede originar una duplicidad de acciones con el mismo objetivo, según ha advertido la Junta.

Desde el Gobierno sostienen que "esta situación de duplicidad de recursos públicos destinados a la misma actividad por parte de la Consejería y de la Fundación exige un esfuerzo de racionalización de las estructuras administrativas que conduzca a una reducción de órganos administrativos y de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, con el objetivo de racionalizar la organización administrativa, para que se cumpla con el principio de evitar las duplicidades de órganos y entidades que coinciden en la misma función".

Para la Junta, "una modificación estatutaria que delimitara claramente las competencias de una y otra entidad no subsanaría el defecto, pues la Consejería no debe renunciar a las competencias atribuidas, y una restricción de las competencias asignadas a la Fundación la haría todavía más inoperante".

De igual manera, el Gobierno entiende que tampoco la fusión se presenta como una solución posible, pues "no se conoce una fundación pública o privada con la que pudiera fusionarse".

En definitiva, la Comisión Permanente de la Fundación, reunida el pasado día 18 de febrero, adoptó por unanimidad elevar al Patronato de la Fundación una propuesta de Acuerdo de extinción de la citada entidad.
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